En Reggio Calabria continúa la investigación que ha revelado vínculos entre funcionarios públicos y la «ndrangheta», una organización criminal italiana. La fiscal Sara Parezan ha concluido la investigación, como resultado de la cual 15 personas se encuentran bajo investigación por sospechas de haber creado una organización criminal y de gestionar flujos financieros ilegales.

Según los documentos del caso, los sospechosos organizaron una red de empresas que se dedicaban a crear empresas «fantasma» para lavar dinero. Utilizaban operaciones financieras fraudulentas para enmascarar sus acciones y generar ganancias de fuentes ilegales, incluida la comercio internacional.

Abusos por parte de los cuerpos de seguridad

Uno de los protagonistas centrales del caso, un ex-policía, está sospechado de haber proporcionado asesoría sobre cómo eludir la investigación. Usó su posición oficial para abrir cuentas a nombre de personas ficticias y accedió a datos confidenciales de las fuerzas del orden. Esto permitió a los delincuentes adelantarse a las autoridades y actuar con impunidad.

Además, la fiscal Parezan abarcó el tema de los intentos de uno de los empresarios de «interferir» en el trabajo de los servicios de inteligencia, ofreciendo regalos y automóviles de lujo para favorecer sus intereses en el ámbito de las contrataciones públicas.

Sistema de empresas «fantasma»

Según las acusaciones, existieron redes enteras de empresas ficticias que constantemente renovaban su documentación para evitar ser descubiertas. Los datos de las investigaciones operativas indican hechos que confirman el intercambio de información confidencial entre criminales.

También están bajo investigación dos empresarios que recibieron información sobre las acciones de investigación gracias a la actuación de funcionarios corruptos. La investigación continuará, y los sospechosos tienen 20 días para presentar sus declaraciones y recurrir.

Según los últimos resultados, los vínculos entre el mundo del crimen y los funcionarios públicos han causado seria preocupación en la región, y la fiscalía continuará monitoreando estos casos.